SGAE consigue introducir un artículo en el anteproyecto para la nueva Ley de la Información que le faculta como órgano censor

La plataforma 'todoscontraelcanon' ha hecho pública su posición con respecto a la posible aprobación del anteproyecto de Ley para la Sociedad de la Información. Desde su punto de vista la califican de "ilegal" por la inclusión a última hora de un artículo a propuesta de SGAE que permitiría una "censura" práctica en internet por parte de las entidades de gestión de derechos de autor hasta que se pronuncien los Tribunales de justicia. Los responsables de esta plataforma han mostrado un rechazo ante "un ataque frontal contra la libertad de expresión" en caso de prosperar la normativa.

"El anteproyecto convierte a las Sociedades Gestoras en órganos judiciales capaces de censurar no sólo los contenidos de una determinada web sino también los ordenadores particulares de los usuarios", denuncia 'todoscontraelcanon'. Este movimiento crítico apunta a la presunta ilicitud de que una "una entidad de carácter privado decida qué contenidos se pueden o no publicar, ya que esto supone una restricción y un veto a los todos los usuarios para acceder a páginas y sitios de Internet", y destacan que supone una vulneración, incluso, de los derechos constitucionales de los españoles con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20.5, que dice "que no permite a un órgano administrativo valorar contenidos por ser ésta una tarea que compete exclusivamente a los órganos judiciales".

La actividad judicial, con arreglo al borrador de la futura ley, no quedaría anulada ni eclipsada, aunque parcialmente concede una serie de privilegios a las entidades gestoras de derechos, entre ellas SGAE, que les facultan para proponer una suspensión fáctica entre tanto se pronuncia la justicia. "La plataforma quiere reafirmar su oposición a esta reforma y manifiesta futuras movilizaciones si finalmente se aprueba este anteproyecto de Ley que supone una nueva barrera a la Sociedad de Información", advierten, y recuerdan que el mecionado artículo dice claramente que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial", no por intervención de entidades públicas, mucho menos privadas.

Fuente: Todoscontraelcanon.es